La justicia de primera instancia absolvió este lunes al alcalde de Chillán Viejo, el socialista Felipe Aylwin, y a otros siete acusados por el delito de fraude tras la pérdida de 82 millones de pesos desde las arcas municipales en 2012.
El tribunal también absolvió a otros siete funcionarios municipales, condenando solo a dos personas por esta causa.
La Fiscalía evaluará si pide la nulidad del juicio.
"Respecto a los delitos de fraude al Fisco y fraude de subvenciones, el tribunal ha desechado las acusaciones del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, porque las pruebas fueron insuficientes", señaló en su fallo la jueza oral en lo penal de Chillán, Claudia Montero.
Con ello, el alcalde, seis funcionarios municipales y una empresaria quedaron desde hoy con la revocación de sus medidas cautelares, lo que se traduce en la recuperación del derecho a sufragio y la posibilidad de ejercer cargos públicos.
En paralelo, la magistrada condenó a dos acusados, Susana Fonseca e Ignacio Moreno, por el delito de falsificación de instrumento público con penas de presidio menor en su grado mínimo.
El fiscal Álvaro Serrano cuestionó la decisión del tribunal al considerar que incluso hubo una triangulación de dineros entre los funcionarios municipales y proveedores. Para Serrano, "no es posible que haya solo dos condenados por falsificación de instrumento público cuando otros funcionarios concurrían con sus firmas en los mismos documentos".
El persecutor adelantó que esperará hasta el 30 de agosto la redacción del fallo para estudiar si califica un recurso de nulidad por vicios en el proceso, incluyendo la ausencia presencial del alcalde tras ser sometido a un trasplante de riñón.
El abogado Julio Díaz, defensor del alcalde, indicó que "la ausencia de Felipe Aylwin no amerita un vicio porque nunca dejó de participar del juicio, debido a contactos online mediante uso de tecnología digital".
Críticas a la Fiscalía
El abogado Ricardo Robles, defensor del ex administrador Ulises Aedo, quien estaba incluido en los cuatro grupos de imputaciones, señaló que "hubo situaciones arbitrarias por parte del fiscal, que ameritan una fuerte autocrítica de la Fiscalía Regional, por el daño causado a los acusados".
Una idea que comparte Lya González, a quien se le acusó de percibir remuneraciones por actividades distintas a lo que fue contratada. "El fiscal tenía hace años las pruebas que daban cuenta que yo cumplí funciones en el municipio, sin embargo, de manera contumaz él insistió en acusarme. He sido objeto de un daño invaluable", manifestó.
El abogado Rodrigo Lama, defensor de la empresaria Silvana Ríos, indicó que "esto es un fracaso para la Fiscalía, porque no hubo ningún acusado por fraude, significando además un despilfarro de recursos para el Estado".
